La Justicia pone en cuestión la jornada laboral a la carta

Un juzgado de Gijón prioriza las necesidades de una empresa frente a la petición de horario adaptado solicitado por una trabajadora.

Su situación familiar llevó a una empleada de una clínica veterinaria, separada y con un hijo pequeño a su cargo, a solicitar a la empresa un horario adaptado a sus particularidades. Se acogía así a la popularmente conocida como jornada a la carta, aprobada en marzo por el Gobierno. Con esta acción se pretendía favorecer una mayor igualdad en las compañías y la conciliación entre trabajo y familia. La ley se suma a otras iniciativas legislativas como la Ley de Registro Horario que regula aspectos como el control horario y los partes de trabajo.

La trabajadora propuso realizar un horario de 9:15 a 16:15 horas de lunes a viernes y trabajar uno de cada tres sábados de 10:30 a 13:30 horas. Es decir, acudir a la oficina sólo por las mañanas, mientras que la jornada que realizaba anteriormente se basaba en turnos, tanto de mañana como de tarde.

La clínica se opuso a la petición de la empleada. ¿El motivo? Entendía sus particularidades familiares, pero su solicitud chocaba con las necesidades de trabajo de la empresa y el horario del resto de la plantilla se vería afectado. Esta profesional era la única especialista en realizar una prueba concreta con animales, más las intervenciones quirúrgicas que se repartía con otros dos veterinarios. La mayoría de consultas en la clínica -el 75%- tiene lugar por la tarde.

La compañía trató de acercar posturas y propuso a la empleada alternativas de horarios, intentando que afectaran lo menos posible a las necesidades propias de cuidar a un niño pequeño. Pero el entendimiento no cuajó, ya que la oferta empresarial incluía turnos en los que debía trabajar algunas tardes.

Al no haber acuerdo, la empleada acudió a los tribunales. El juzgado de lo social de Gijón al que llegó la demanda de la trabajadora ha visto que la necesidad de la clínica de contar con la empleada algunas tardes es clara y que, si la empresa accedía a su petición, perjudicaría al resto de compañeros que, en algunos casos, también tienen menores a su cargo.

La Justicia ha visto razones más que justificadas para no ceder a la petición de la demandante.