Sigue el desorden en la aplicación del Real Decreto Ley 8/2019 tres meses después de su entrada en vigor, según UGT. CCOO denuncia que las tablas de registro del control de las horas están en manos del empresario, lo que provoca que el empleado esté en desventaja.
Han pasado tres meses desde la entrada en vigor del nuevo registro diario obligatorio en las empresas. Se puso en marcha para evitar posibles fraudes y horas extras impagadas y, a día de hoy, el balance resulta difícil.
La medida ha supuesto una llamada de atención para el empresario, lo que supone un punto de partida para ordenar y regular las horas extraordinarias. Sin embargo los sindicatos denuncian sigue habiendo un exceso de horas extras, fuera de control.
Días atrás se conocían unos datos del INE que señalaban que en el segundo trimestre del año las horas extra pagadas cayeron un 19% a nivel estatal. Se puede deducir que el control horario comienza a surtir su efecto, y que efectivamente se está reduciendo esta práctica.
Los sindicatos alertan de que hay casos en los que el control de entrada y salida no está garantizando la legalidad. “El papel lo aguanta todo, y resulta tan fácil como manipularlo, sin más”. A su juicio está quedando en evidencia que el control horario ha creado una laguna, y que resulta muy sencillo hacer a un empleado firmar una tabla horaria o un parte de trabajo que en realidad no se ajusta a la realidad. También valoran la geolocalización del empleado, aunque se desconecte esta opción fuera de horas de trabajo.
Esta visión es compartida por el sindicato CCOO Extremadura, que ha venido advirtiendo de manera reiterada que existe un problema esencial de fondo, porque las tablas de registro están en manos del propio empresario, de modo que los trabajadores están en desventaja.
“Si te encuentras el papel relleno cuando llegas al trabajo por la mañana, y tienes un contrato temporal, tu capacidad de denuncia es muy limitada”. Abogan por que el registro recaiga en el comité de empresa, los sindicatos y el delegado de personal.
A ello suman unas sanciones muy reducidas, de entre 600 y 6.000 euros, de modo que a algunos empresarios les puede salir más rentable asumir la multa y seguir cometiendo el fraude.
